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La experiencia política dominicana ofrece una paradoja interesante para el estudio de los partidos políticos. Aunque los estatutos partidarios suelen establecer complejos mecanismos para la elección de autoridades internas y la distribución de cargos de dirección, la historia demuestra que las grandes divisiones partidarias no han surgido por conflictos relacionados con las presidencias, secretarías generales u organismos ejecutivos. Por el contrario, las fracturas más profundas han tenido como origen la disputa por la candidatura presidencial.
Ninguno de los principales partidos de la República Dominicana se ha dividido como consecuencia de una competencia por cargos de dirección partidaria. Las luchas por el control de los organismos internos suelen resolverse mediante acuerdos, negociaciones o la imposición de las élites partidarias. Sin embargo, cuando está en juego la candidatura presidencial, afloran tensiones capaces de provocar rupturas irreversibles.
El caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es ilustrativo. La organización que lideró el doctor José Francisco Peña Gómez experimentó diversas divisiones vinculadas a disputas presidenciales, como consecuencias de las cuales surgieron el Partido Revolucionario Independiente (PRI), encabezado por Jacobo Majluta; posteriormente el Partido Revolucionario Moderno (PRM), resultado de la confrontación entre los sectores liderados por Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado; y otras expresiones menores derivadas de conflictos relacionados con el liderazgo presidencial.
Algo similar ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya principal división se produjo a raíz del enfrentamiento entre tendencias encabezadas por Leonel Fernández y Danilo Medina, que culminó con la salida del primero y la fundación del Partido Fuerza del Pueblo. Nuevamente, la disputa fundamental no giró alrededor de la presidencia del partido ni de los organismos de dirección, sino de la candidatura presidencial y del control del poder político nacional.
Este fenómeno confirma algunas de las tesis clásicas de la sociología política, como la del sociólogo alemán Robert Michels, quien formuló a principios del siglo XX la célebre teoría de la «ley de hierro de la oligarquía». Según Michels, toda organización compleja, incluidos los partidos políticos, termina siendo controlada por una minoría dirigente que concentra el poder y toma las decisiones fundamentales. Aunque los partidos proclamen ideales democráticos, las estructuras organizativas favorecen inevitablemente la consolidación de élites internas.
Las experiencias del PRD y del PLD parecen confirmar esta observación. En la práctica, las élites partidarias suelen imponer las estructuras internas, seleccionar las autoridades y controlar los principales órganos de dirección sin generar conflictos capaces de fracturar la organización. La verdadera lucha comienza cuando se discute quién será el candidato presidencial.
Esta realidad fue observada también por Gaetano Mosca, quien sostuvo que toda sociedad está gobernada por una minoría organizada, y por Max Weber, para quien el liderazgo constituye uno de los elementos esenciales de la organización política moderna. Por su parte, Angelo Panebianco explicó cómo los partidos desarrollan zonas de incertidumbre controladas por grupos dirigentes que preservan su poder mediante recursos organizativos y políticos.
Todo ello ocurre a pesar de que la Constitución dominicana y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos exigen el respeto de la democracia interna.
La historia política dominicana parece confirmar que los partidos no se dividen por quién dirige el partido, sino por quién aspira a dirigir el Estado.
Fuente: El Nacional
