Por FRANCISCO ORTEGA
El derecho de informar con responsabilidades y la delgada línea entre informar y difamar
¿Es realmente una ley mordaza?
La palabra mordaza tiene un significado muy preciso. Es un objeto que se coloca en la boca de una persona para impedirle hablar, gritar o expresarse. En sentido figurado, se utiliza para describir cualquier mecanismo destinado a silenciar opiniones, restringir la libre expresión o censurar a quienes piensan diferente.
Por eso, antes de etiquetar cualquier iniciativa legal como una «ley mordaza», conviene preguntarse si realmente busca callar a la sociedad o si pretende establecer responsabilidades frente al uso abusivo de la libertad de expresión. No toda norma que fija límites constituye censura, del mismo modo que no toda crítica representa un abuso.
La libertad de expresión es uno de los derechos más valiosos conquistados por la humanidad. Es un pilar esencial de la democracia, una garantía para la prensa, un escudo para el ciudadano y una herramienta indispensable para fiscalizar el poder. Sin ella, las sociedades quedan expuestas al autoritarismo y al silencio impuesto. Defender ese derecho debe ser una obligación de todos, sin excepciones.
Sin embargo, tan peligroso como silenciar la palabra es permitir que esta se convierta en un arma para destruir la dignidad ajena. En los últimos años, las redes sociales y diversas plataformas digitales han democratizado la comunicación, permitiendo que millones de personas expresen sus ideas. Ese avance ha fortalecido la participación ciudadana, pero también ha abierto espacios donde proliferan la injuria, la difamación, la mentira deliberada, el chantaje, las campañas de descrédito y los ataques personales presentados como si fueran periodismo o comunicación responsable.
La crítica firme y la investigación periodística constituyen un servicio invaluable para la sociedad. Muy distinto es utilizar un micrófono, una cámara o una cuenta en redes sociales para fabricar escándalos, difundir rumores sin pruebas o convertir la descalificación en un modelo de negocio. La libertad de expresión protege el derecho a opinar, investigar y denunciar; no otorga una licencia para difamar o destruir reputaciones sin fundamento.
Por eso, el verdadero debate no debe centrarse en quién posee un título universitario y quién no. La diferencia la marcan la ética, la responsabilidad, el respeto por la verdad y el compromiso con los principios que deben regir toda comunicación.
Un comunicador responsable verifica los hechos, distingue entre información y opinión, rectifica cuando se equivoca y comprende que detrás de cada noticia hay seres humanos con derechos que también merecen protección.
Las democracias más sólidas del mundo reconocen que la libertad de expresión convive con otros derechos igualmente fundamentales, como el honor, la intimidad, la reputación y el debido proceso. Establecer responsabilidades legales frente a la injuria, la difamación o la difusión maliciosa de información falsa no equivale, por sí mismo, a imponer una mordaza. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que proteja simultáneamente el derecho de informar y el derecho de cada persona a no ser víctima de abusos.
La sociedad necesita una prensa libre, crítica e independiente. Pero también necesita comunicadores conscientes de que la credibilidad se construye con rigor, honestidad y responsabilidad. Cuando la mentira sustituye a la investigación, cuando el insulto reemplaza al argumento y cuando el escándalo se convierte en un negocio, no pierde únicamente la persona difamada; pierde la comunicación y pierde la democracia.
Llamar «ley mordaza» a toda propuesta de regulación puede resultar tan equivocado como creer que toda regulación constituye censura. La verdadera discusión debe ser otra: cómo preservar intacta la libertad de expresión sin permitir que esta sea utilizada para lesionar impunemente los derechos de los demás.
Una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde cualquiera puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Es aquella donde todos pueden expresarse con plena libertad, pero también responden por el daño que causan cuando convierten la mentira, la difamación o el insulto en instrumentos de poder.
Fuente: Al Momento
