Este análisis examina el impacto real de las encuestas electorales y recuerda que la legitimidad democrática nace en las urnas, no en los estudios de opinión.
Una encuesta no elige presidentes ni decide elecciones. Esa función pertenece exclusivamente al voto ciudadano y a las instituciones encargadas de organizar, contar y certificar los comicios. Sin embargo, negar que las encuestas influyen en la competencia política sería desconocer uno de los fenómenos mejor documentados por la ciencia política contemporánea.
En República Dominicana, la publicación de las encuestas electorales se ha vuelto casi un ritual político, seguido del inevitable debate sobre si esos números describen la realidad o terminan influyendo en ella. Recientemente, ese debate cobró nueva vigencia a raíz de la Resolución núm. 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), punto de partida desde el cual se cuentan 411 días de veda para la divulgación de encuestas electorales. Posteriormente, la propia Junta suspendió temporalmente la aplicación de esa medida mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce las acciones de nulidad interpuestas en su contra. Esa controversia nos condujo a esta pregunta: ¿puede una encuesta decidir una elección?
Una encuesta bien diseñada es una fotografía del estado de la opinión pública, no una predicción del comportamiento electoral. La Encuesta Núm. 29 de ACD Media, realizada entre el 2 y el 4 de julio de 2026, lo demuestra: el 52 % de los consultados considera negativa la situación del país, un dato que expresa un estado de ánimo colectivo, no un resultado electoral. La legitimidad de un gobierno nace del voto contado y proclamado por el órgano competente, no de un estudio de opinión.
Ahora bien, negar toda influencia a las encuestas sería tan ingenuo como sobrevalorarlas. La ciencia política demuestra que estos estudios tienen un efecto performativo: no solo describen la realidad, también pueden modificarla. Al hacerse públicos, activan fenómenos como el efecto de arrastre (bandwagon), que impulsa a algunos electores a respaldar al candidato percibido como ganador, o el efecto del desvalido (underdog), que despierta simpatía hacia quien aparece en desventaja, fenómenos que analistas dominicanos han identificado en más de un ciclo electoral reciente. Como toda brújula, orientan el rumbo, pero nunca determinan el destino.
Ahí reside, en el fondo, un problema de naturaleza semiótica. Como advirtió Umberto Eco, todo signo puede usarse tanto para informar como para engañar; una encuesta no es la realidad sino su representación, y en esa distancia entre el dato y lo que significa opera la manipulación. El mismo porcentaje puede leerse como diagnóstico riguroso o como llamado a subirse al andamio del ganador, y la diferencia no está en el número sino en la competencia interpretativa de quien lo recibe: el elector formado lee la encuesta como información a sopesar; el desprevenido, como veredicto a seguir. El verdadero campo de batalla, entonces, no es la cifra, sino la manera en que se decodifica.
Si el instrumento puede influir en la realidad, importa quién tiene acceso a él. El reglamento de la JCE tampoco era neutral: no prohibía realizar encuestas, sino divulgarlas, permitiendo que gobiernos, partidos y actores con suficientes recursos económicos continuaran midiendo la opinión pública en privado, mientras el ciudadano común quedaba sin esa información. Los reclamantes sostuvieron ante el TSE que la medida excedía las facultades de la Ley núm. 20-23 y restringía derechos constitucionales; la JCE, en su defensa, adujo que buscaba un “período de sosiego” preelectoral, quedando el debate situado bajo el control jurisdiccional que evaluará la potestad reglamentaria del órgano frente a derechos como la libertad de expresión y el derecho a recibir información.
Conviene distinguir dos conceptos esenciales. La legitimidad de origen nace exclusivamente del voto ciudadano; la de ejercicio se construye diariamente mediante la confianza pública en la gestión gubernamental. La primera pertenece al Derecho; la segunda, a la política. Las encuestas jamás sustituyen la primera, pero sí permiten medir la segunda. El problema no radica en su existencia, sino en la transparencia sobre quién las financia, cómo se elaboran y cuándo se publican, aspectos cuya regulación sí corresponde a la JCE. La respuesta a una encuesta mal intencionada no es la prohibición, sino exigir metodología verificable y aplicar sanciones a quien la manipule.
Esta tensión entre voto y opinión no es nueva en nuestra historia. Cuando el profesor Juan Bosch llegó al gobierno en 1962, en las primeras elecciones libres tras treinta y un años de dictadura, el sufragio ocupó el centro del debate democrático, sin el protagonismo que hoy tienen los estudios de opinión. Con el tiempo, las encuestas dejaron de ser simples instrumentos de medición para convertirse en actores relevantes de la competencia política, que hoy condicionan decisiones de partidos, medios y financiadores.
Volvemos así al inicio: ¿puede una encuesta decidir una elección? No puede ni debe hacerlo. Restringir el acceso ciudadano a esta información no es más que la expresión de un temor: que los propios votantes no sepan discernir por sí mismos. Como sostiene el historiador y ensayista José del Castillo Pichardo en su artículo «El valor de las encuestas y el desafío de la veda electoral en el debate democrático» (Diario Libre, 17 de julio de 2026), el verdadero riesgo no radica en que la ciudadanía conozca las tendencias de opinión, sino en que ese conocimiento quede reservado para quienes disponen de los recursos para obtenerlo de manera privada.
El reto, entonces, no es cuestionar la existencia de las encuestas, sino formar un electorado capaz de distinguir un estudio riguroso de otro diseñado para instalar una narrativa conveniente, puesto que ninguna encuesta sustituye la libertad del elector: solo influye en la medida en que este renuncie a ejercer un juicio crítico. Allí donde existe educación cívica, las encuestas informan; donde esta falta, se convierten en instrumentos de manipulación. En democracia, la última palabra no la tiene una encuesta; la debe tener el voto libre, informado y consciente del ciudadano.
Fuente: Listín Diario
