He conocido a funcionarios de todos los gobiernos. Los he tratado antes de serlo. Sé de sus capacidades y privaciones. La mayoría cuenta con un desempeño estándar en las actividades propias de su formación.
Cuando algunos de ellos esperaban la nominación, se creían con aptitud y derecho para ocupar cualquier puesto, sin reparar en la especialidad de ciertas carteras. Al ser nombrados, parecía producirse una mutación que los convertía, con el golpe del decreto, en expertos en cualquier tema estatal, y ni hablar de las funciones inherentes a su designación. A los pocos días de su posesión, ofrecían declaraciones a la prensa sobre los planes de sus gestiones con una expresión a veces tan dudosa que no alcanzaba para disimular la forzosa memorización del libreto.
Recuerdo a un amigo que en el primer gobierno de Leonel Fernández permanecía desocupado a pesar de ser un cuadro del PLD. Reclamaba un cargo que a mi juicio lo rebasaba. Hice honestos esfuerzos para que comprendiera que esa era la razón de su cesantía. Pocos meses después, el sorprendido fui yo cuando en la prensa leía que aquel amigo era nombrado en un cargo de mayor jerarquía a la aspirada. Entonces no dejé de ser víctima del bullying de aquellos que conocieron mis empeños, incluyendo, obviamente, al concernido. Todavía bromeamos con eso. Y es que en política no hay nada escrito ni concluyente.
Siempre he pensado, a contrapelo, que al Estado deben ir personas con sobrada competencia. Sí, lo sé: es una aspiración ingenua, pero no quimérica. Creo que, si la contratación privada responde a estándares de calificación, estos debieran ser más rigurosos para el sector público. ¿Cuántas entrevistas, referencias, currículos, test o exámenes clínicos no requerimos para ofrecer un empleo medio? ¿Por qué negarle al Estado esa oportunidad?
Es más, pienso que trabajar en la alta burocracia estatal debiera ser un reconocimiento de vida, un mérito reservado a personas que, después de probar una experiencia relevante de vida académica, científica, profesional o técnica, aporten sus mejores calificaciones. Ojalá algún Gobierno pudiera darse esa libertad y hacer el ensayo. Mientras, el criterio de designación ha sido usar el cargo público como retribución al trabajo político, a una relación personal o a una colaboración/inversión de campaña. La capacidad sigue siendo un factor terciario en esa ponderación. En este Gobierno no ha sido distinto; el «cambio» no ha tocado esos intereses.
En la primera gestión de Luis Abinader era previsible que, después de catorce años fuera del poder, la Administración pública estuviera comprometida para la dirigencia del PRM, los movimientos de apoyo y los intereses vinculados. Desde el presidente del partido hasta los cuadros medios de la organización han estado anclados en el Gobierno.
Una evaluación fast track evidencia una media regular (con tendencia a mala) en el desempeño de la Administración y con una percepción muy mala en el último año del primer gobierno.
Se recuerda que en los primeros dos años de gestión ya la opinión pública excusaba los desaciertos de los funcionarios con la famosa «buena intención» del presidente o, en términos más coloquiales, que «el presidente quería» pero que «los funcionarios no ayudaban». A esa apreciación se le añadía el hecho de que ministerios claves como los de Educación y Salud Pública tuvieron dos cambios de titulares, el primero, y tres el segundo, y todavía se está a la espera de políticas orgánicas o ejecutorias relevantes que generen cambios estructurales en esos sistemas.
La ineptitud de algunos funcionarios es franca y no precisa de mayores pruebas. Su paso por la administración es una suerte de holganza políticamente premiada. Hasta la gestión ordinaria ha sido penosamente afectada y el deterioro de los servicios se aprecia a ojos vista. No han tenido ni el cuidado de mantener la imagen de los despachos que recibieron.
Otros han suplido su incompetencia con la contratación de «asesores«, una categoría de prestación que patentó a nivel de escala este Gobierno. Unos, que son reales, hacen el trabajo del ministro; otros, que son eufemísticos, es personal agregado atendiendo a los criterios más caprichosos del titular en los que cuentan hasta favores carnales. Y es que el señorío seductor de la silicona nunca ha dejado el poder. Los relatos no solo son «leyendas urbanas». Obvio, hay funcionarios muy competentes que sin pasarelas ni vedetismo se han concentrado en sus trabajos dejando que los resultados hablen por ellos, esos deben ser mantenidos.
Si yo fuera Luis Abinader no me sintiera deudor político de nadie y trabajara «à la carte» mi último gobierno, convencido de que, a la postre, esa es la gestión que construye y lega el retrato histórico. En ese interés me tomara las vacaciones de Navidad para pensar autocríticamente. Hiciera una lista de personas por su competencia/adeudo/lealtad, y escuchará opiniones desinteresadas para componer un gabinete nuevo, menos político y más tecnócrata. Acometiera una barrida de limpieza. Y es que una buena parte son activos agotados.
En enero conversara con cada prospecto y lo convenciera de asumir compromisos históricos. El 27 de febrero, como le gusta al presidente, presentará al país el gabinete completo bajo la consigna de «construir futuro», después de haberlo nombrado mediante decretos emitidos durante los días 25 y 26. El problema es que quien gobierna es Luis Abinader. Yo, mientras tanto, me quedo con la emoción del sueño y la pesadez de la frustración. ¡O quizás nos sorprenda!
