Durante tres años, Washington ha publicado una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
Desde el año 2019 en el seno del Congreso de los Estados Unidos, se manifestó la necesidad de enfrentar, por razones de seguridad nacional, las causas “fundamentales” que genera la enorme migración que ese país recibe de varias naciones, pero particularmente Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, golpeados por la pobreza, producto de la corrupción e impunidad.
La iniciativa de sancionar a los actores “corruptos y antidemocráticos” de estos países provino del legislador demócrata Eliot Engel y la ley aprobada se denomina en realidad “Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte”, conocida como “Lista Engel”.
Debemos partir del hecho de que su alcance no es muy poderoso, ya que solamente se trata de retirarles la visa a estos actores –aunque por orden presidencial se puede llegar hasta congelar propiedades, si las tuvieran en EEUU–. Sin embargo, hay también un escarmiento público, pues sus nombres y causas por las que se les incluye se hacen públicas nacional e internacionalmente.
En la lista destacan personajes que han ocupado u ocupan altos cargos en sus países. En la lista hay expresidentes (dos de El Salvador), funcionarios, diputados, magistrados, jueces, fiscales, empresarios, operadores políticos y dirigentes sectoriales, a los que se les señala por alguna de dos razones: actos de corrupción o acciones que atentan contra la democracia y sus principios.
La idea de Engel se enfocó en señalar que mientras continúe la corruptela en esta región, la democracia se debilita y que, a mayor corrupción, mayor pobreza y falta de oportunidades, que son el gran disparador para que cientos de miles de centroamericanos salgan cada mes en busca de “el sueño americano”, ese que se les niega en su propia tierra.
Al igual que sucede en varios países latinoamericanos, la llamada “clase política” viene dando muestras de un deterioro en sus valores. La política se ha convertido en una actividad para enriquecerse y son pocos los gobernantes que dan ejemplo de austeridad, mientras que muchos han sido denunciados por su evidente enriquecimiento ilícito.
En las últimas dos décadas expresidentes de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica han sido llevados a juicio, algunos de ellos implicados y hasta condenados por sobornos que han recibido. Dos expresidentes salvadoreños han encontrado cobijo bajo el régimen de Daniel Ortega para impedir que en su país les puedan enviar a prisión.
El problema de Estados Unidos es que los “corruptos y antidemocráticos” empiezan a ver que el efecto de las sanciones por estar en la “Lista Engel” no les provoca demasiados problemas, sobre todo, porque en muchos de estos países el sistema de justicia no funciona, más sí la gigantesca impunidad creada. Eso explica que jueces y magistrados sean piezas clave –y numerosas– en los listados. La corrupción es un pulpo de muchos brazos y estos alcanzan a quienes deberían castigar la corruptela, el autoritarismo y los vínculos con el crimen organizado.
Lamentablemente, la fuerza coercitiva de la “Lista Engel” se diluye paulatinamente. Los propios gobiernos le restan importancia y la hacen parecer como un medio para “castigar” por razones ideológicas o de interés particular de Washington.
El caso de Guatemala es extremo. Hay algunos de los “corruptos y antidemocráticos” que salen diciendo que ser parte de la Lista “es un honor”, porque se les ha incluido por razones ideológicas. Por supuesto que esto no es más que un engaño y justificación, pero hace evidente que el efecto disuasivo no se produce.
También se aduce que se trata de “injerencia” en asuntos internos de otro país, pero la verdad es que las sociedades de estos países, así como su democracia, se encuentran sin defensa posible, tomando en cuenta que el poder judicial responde casi siempre –o siempre en algunos casos– al poder político. Por eso hay sectores que aplauden la existencia de este tipo de medidas, aunque sería deseable que tuvieran más fuerza para verdaderamente detener la corrupción y defender la democracia.
No es tampoco atropello a la soberanía. Es un caso de asistencia para pueblos subyugados.
*(Expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa)
