La tendencia decreciente podría interpretarse como mejoría en las políticas de seguridad y en las operaciones policiales. Sin embargo, 15 policías caídos en 2024 demuestran que aún queda por hacer. Las armas ilegales en manos de civiles siguen siendo un factor determinante. En riesgo la vida de los agentes de seguridad y la perpetuación de un clima de violencia e impunidad.

Ante esta realidad, es necesario endurecer las leyes contra el porte ilegal de armas de fuego. El castigo por este delito debe contemplar sanciones más severas y mecanismos efectivos de control y fiscalización. No es descabellado considerar una prohibición total del porte de armas de fuego, limitando estrictamente los permisos a la tenencia, es decir, a mantenerlas en propiedades privadas bajo estrictas regulaciones. Este enfoque reduciría el acceso general a pistolas y revólveres y, por ende, los incidentes violentos contra las autoridades y la ciudadanía. Muchas muertes se deben a altercados que, de no producirse entre personas armadas, pasarían como peleas inocuas.

La protección de los agentes policiales es una cuestión de seguridad, y de fortalecimiento institucional. Un Estado que garantiza la integridad de sus fuerzas policiales proyecta firmeza y autoridad. La combinación de políticas preventivas, endurecimiento legal y control del armamento ilegal puede contribuir significativamente a disminuir esta preocupante realidad.