El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) criticó esta mañana que los expedientes de casos de corrupción “avanzan lento” en la República Dominicana y citó que solo el caso Antipulpo que involucra fondos públicos por RD$4,796 millones, cumplió cuatro años el pasado diciembre en los tribunales y se desconoce cuándo concluirá la audiencia de fondo.
Valoró al mismo tiempo como un acto de responsabilidad institucional el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reconociera las moras (retrasos) judiciales, especialmente en la jurisdicción penal e inmobiliaria.
Supuestas enfermedades de los imputados y de los abogados, así como “compromisos sociales”, se cuentan entre los escollos que confrontan los tribunales apoderados para agilizar los casos de corrupción que conocen, dijo Erick Hernández-Machado Santana, coordinador general de la entidad.
Machado Santana, sostuvo que lo propio ocurre con los casos de corrupción de las operaciones Coral, Medusa y Calamar que este año cumplirán cuatro años también y se desconoce cuánto tendrán sentencias.
Destacó que en total los cuatro casos de corrupción que cita “involucran fondos públicos por más de 56 mil millones de pesos, cifra que se acerca a los mil millones de dólares y debe ser prioridad del Pepca dar impulso final al mismo”.
“Uno de los temas más preocupantes durante el pasado año 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias claramente dilatorias, donde se aplazan las audiencias por enfermedades de imputados y abogados, por compromisos sociales”, afirmó.
Añadió que “en diciembre de 2024 el caso Antipulpo cumplió cuatro años a partir de las medidas de coerción y todavía no se tiene certeza de cuándo concluirá la audiencia de fondo que, aunque ya está en la fase de presentación de pruebas, es aplazada constantemente. Este caso involucra fondos públicos por más de 4,796 millones de pesos”
Explicó que el caso Coral también está en la fase de fondo, en la presentación de las pruebas, e igualmente marcha con mucha lentitud. “En diciembre de 2025 cumplirá cuatro años desde las medidas de coerción e involucra fondos públicos por más de RD$4 mil 500 millones de pesos”
“En el caso Medusa pasó la audiencia preliminar luego de más de dos años y no ha podido comenzar el conocimiento del fondo por los múltiples aplazamientos producidos. Este caso cumple cuatro años en julio del 2025 e involucra fondos públicos por seis mil millones de pesos”, resaltó Machado Santana.
En cuanto al caso Calamar, el dirigente el coordinador de Participación Ciudadana, explicó que se encuentra aún mucho más retrasado pues no se vislumbra cuándo terminará la audiencia preliminar, a pesar de que involucra la distracción de fondos públicos que sobrepasan los 41 mil millones de pesos.
“Constituye un acto de responsabilidad institucional el hecho de reconocer la existencia de la mora judicial, de manera específica en la jurisdicción penal e inmobiliaria, lo cual implica la de asumir un compromiso de resolver esos temas de mora en esas jurisdicciones de manera específica, que se caracterizan las mismas por el hecho de que los procesos dependen de otros actores e instituciones del sistema de cada una”, sostuvo.
La suprema y la mora judicial
Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que la mora judicial se ha reducido en un 73% de los tribunales judiciales, pero que los retrasos en los tribunales penales están en un 44%.
Reconoció que también existe atraso en 27 tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.
“No estamos conformes, el gran desafío el gran desafío de la mora persiste y trabajamos para que ninguna persona viva en incertidumbre por falta de justicia”, añadió.
Fuente: El Nacional
