Es una iniciativa altamente plausible y urgente establecer en el país el uso de un modelo único y moderno de casco protector para los motociclistas, siguiendo ejemplos exitosos de otras naciones.
Esta semana, una comisión de expertos internacionales llegará a Santo Domingo para colaborar con técnicos locales en la definición de un estándar de casco homologado y certificado, que garantice la máxima seguridad en caso de accidentes.
La adopción de este modelo requerirá un proceso progresivo y estructurado.
Para que esta medida sea viable y efectiva, es fundamental que el casco tenga un costo razonable, asequible para la mayoría de los usuarios.
De lo contrario, su implementación enfrentará obstáculos económicos y sociales. Además, será imprescindible una intensa campaña de concienciación que explique no solo las ventajas del nuevo modelo, sino también su correcta utilización.
Esto incluiría jornadas de demostración sobre sus propiedades y la forma adecuada de ajustarlo para evitar los riesgos asociados a un uso incorrecto.
Es importante recordar que muchos cascos actualmente en uso no solo fallan en proteger al motociclista, sino que incluso pueden agravar las lesiones en caso de accidente.
Estudios internacionales han demostrado que algunos cascos de baja calidad pueden desprenderse o causar graves daños al usuario, como incrustarse en el cráneo tras un impacto directo.
Por ello, resulta prioritario sustituir gradualmente estos cascos inseguros por el nuevo modelo homologado.
Otra problemática que debe abordarse es el mal uso del casco, que en nuestro país a menudo se lleva desabrochado, en el brazo del conductor o incluso colgado en el timón, prácticas que anulan completamente su función protectora.
Es imprescindible educar a los motociclistas sobre la importancia de usarlo correctamente y reforzar los controles para garantizar su uso adecuado.
El uso del casco protector no es opcional; está establecido por la ley, aunque su cumplimiento sigue siendo insuficiente.
Esto explica por qué muchos motociclistas sufren lesiones graves o mortales en accidentes. Por tanto, garantizar la aplicación rigurosa de esta norma debe ser un objetivo prioritario de las autoridades.
EDITORIAL Listín Diario
