Inicialmente había sido alcanzado un acuerdo según el cual, en abril de este año, sería iniciado el proceso de evaluación, que concluiría en junio, pero antes de que empezara su aplicación fue nombrado un nuevo ministro, que por llegar de otra institución, tenía que ponerse al día con los temas y los tiempos.

En las discusiones entre el ministro y los representantes de ADP alcanzó notoriedad el punto de las calificaciones a partir de las cuales a los docentes se les aplicarían incentivos y lo que se haría con aquellos con notas por debajo de lo que se consideraba suficiente.

Para Educación parecía un proceso llamado a mejorar la calidad del docente. Para la ADP una vía para dotar a profesores y personal administrativo con mejores ingresos. Para quienes miraban desde fuera, entre ellos algunos críticos de la calidad de la educación, se trataba de una oportunidad para calibrar al docente y apartar del sistema a quienes no aportan para que tengamos una educación pública de calidad.
Desde el Ministerio de Educación fue dispuesta la posposición de la evaluación, posiblemente para octubre, poco después del inicio del año escolar, programado para días finales de agosto.

Ahora han sido juramentados integrantes de comisiones responsables de organizar y ejecutar la llevada y traída evaluación. Lo hizo ayer el ministro De Camps.

Advirtió, sin embargo, que esta evaluación no debe ser vista como un juicio, sino como una herramienta para honrar la trayectoria de los docentes y acompañarlos en su desarrollo profesional.
No hay que hacerse, por lo visto, grandes ilusiones.

Editorial El Día